La Fundación Alternativas ha presentado un estudio denominado “La Economía Social y la atención a la dependencia” que, entre otras conclusiones, señala la oportunidad laboral que podría generar este sector para parados sin empleo anterior o con dificultades de reinserción laboral.
Según los datos del estudio, se podrían generar hasta 600.000 empleos relacionados con la asistencia a personas dependientes antes del año 2015. Para llegar a estas cifras, el Gobierno y las empresas del sector deberían colaboran para invertir en un ámbito con alta demanda de personal y que en los próximos años, con el aumento de la esperanza de vida, seguirá generando más puestos de trabajo y ofertas de empleo para personal asistencial.
“Es muy improbable que España pueda resolver su problema estructural de desempleo sin una expansión notable de su sistema de bienestar y, en concreto, del sector de los servicios sociales”, ha señalado Antonio Jiménez Lara, uno de los autores del estudio de la Fundación Alternativas. Y es que España aun no ha alcanzado a los países de su entorno en el sector de los servicios sociales y sigue manifestando unas deficiencias que tienen como consecuencia la mala atención de muchas personas dependientes.
La situación económica española, sin embargo, no es la más adecuada para esperar un cambio de tendencia en las inversiones. No obstante, la política de ajustes del Gobierno tienen como objetivo prioritario reducir el problema de la deuda del Estado, sanear las cuentas públicas, realizar reformas estructurales que lleven a la recuperación económica y principalmente a la creación de empleo. El crecimiento económico es la base para que vuelvan a ralizarse ofertas de trabajo desde las empresas.
Según los autores del estudio, la economía social podría tener un impacto muy positivo en el empleo si contase con ayuda pública. Para ello sería necesario apostar decididamente por “el optimismo y la creación de empleos en actividades que repercutan en el bienestar social de la ciudadanía”. Así las cosas, parece imprescindible que la empresa privada y las instituciones públicas colaboren estrechamente si se quiere mejorar un sector que no atraviesa por su mejor momento.
La Ley de Dependencia, establecida en una época de bonanza económica, se ha topado con la crisis y su aplicación está siendo lenta y deficiente. Las partidas económicas se han reducido y la dificultad para solicitar o recibir ayudas perjudica notablemente a los afectados.