Según los últimos datos sobre la Economía Sumergida y el fraude laboral en España que aparecen en el estudio realizado por el Instituto Español de Analistas Financieros, la economía sumergida en España representa entre el 18 y el 20 % del PIB. En terminos de recaudación, la cantidad que el estado español deja de ingresar estaría entre 18.000 y 20.000 millones de euros al año. En cuanto al volumen de trabajadores que realizan su trabajo de manera ilegal u opaca, se calcula que cerca de 1.300.000 trabajadores están trabajando de manera irregular.
Ante esta situación, el Ministerio de Empleo, a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha previsto para el año 2014 ampliar sus esfuerzos para el afloramiento de la actividad económica no declarada y en el control de los distintos conflictos colectivos surgidos como consecuencia de la situación actual de crisis económica. Aunque el afloramiento de la economía sumergida y el trabajo de extranjeros será a lo que la inspección destinará más recursos, se prestará especial atención al control de los despidos colectivos, los expedientes de regulación de empleo, los expedientes de reducción de jornada, etc..
“La economía sumergida es una estafa para los trabajadores, para los empresarios que la padecen y para la sociedad en su conjunto, frente a la que no cabe ninguna permisividad”
Desde la Inspección de trabajo se ha hecho saber que “La lucha contra el empleo irregular, el fraude a la Seguridad Social y sus consecuencias siguen siendo una prioridad en 2014, constituyendo un objetivo transversal común a todas las actuaciones que se realicen”.
Es por tanto muy importante que cuando empieces a trabajar en una nueva empresa a los pocos días solicites un informe de vida laboral por internet para asegurarte que la empresa te ha dado de alta en la seguridad social y que está cotizando por ti.
La mayoría de las actuacuiones que la inspeccion de trabajo tiene previstas para 2014 están “…las acciones orientadas a la detección y lucha contra el trabajo no declarado o trabajo oculto, que constituye la manifestación más grave, en el ámbito laboral, de la denominada economía irregular”, corresponderán a acciones planificadas a las que habrá que añadir las actuaciones que sean necesarias realizar durante el año como consecuencia del trabajo de los inspectores más las actuaciones motivadas por las denuncias realizadas por los ciudadanos, los sindicatos, las asociaciones empresariales u otros interlocutores sociales. A este último fin en 2013 el gobierno creo el buzón de lucha contra el fraude laboral creado a fin de que toda persona conocedora de algún incumplimiento de la normativa laboral, de Seguridad Social o de Prevención de Riesgos laborales, puede ponerlo en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de forma anónima.
Según la inspección, de la misma forma que en años anteriores, la actuación de los inspectores de trabajo “…se basará en el conocimiento de los perfiles o sectores de riesgo, la experiencia adquirida, la evolución de la realidad detectada y las actividades menos vigiladas, que a lo largo de 2014 se concretarán en acciones más específicas”. Señalan que entre los sectores de actividad con mayores posibilidades de empleo irregular se prestará especial atención a la hostelería, la construcción y el comercio.
El objetivo de la inspección para 2014 es mantener el control de la temporalidad para garantizar la causalidad en este tipo de contratos y evitar fraudes, así como fomentar la conversión en indefinidos de aquellos que no responden a necesidades puntuales. De manera especial, los inspectores vigilarán que se cumple la cuota de reserva de trabajadores discapacitadosasí como la actividad de las empresas de trabajo temporal y las nuevas agencias privadas de colocación que se han regulado recientemente. La campaña combinará tanto las visitas a las empresas como los controles a los trabajadores desempleados.
Otro aspecto importante de la estrategia de lucha contra el fraude laboral es la intención del gobierno de España de estrechar la colaboración con los gobiernos de las distintas autonomías en el marco del convenio en materia de lucha contra la economía irregular y el empleo sumergido. Se trata de que el plan sirva como instrumento disuasorio para las conductas que generan competencia desleal, desprotección social de los trabajadores y evasión de cotizaciones sociales derivadas de las relaciones laborales. Se trata también de reconocer el compromiso de las empresas que cumplen con sus obligaciones laborales y con la Seguridad Social de sus trabajadores frente a aquellas que no cumplen con sus obligaciones legales.
La intención del Ministerio de empleo es lanzar un mensaje claro y rotundo a todos los ajentes sociales “La economía sumergida es una estafa para los trabajadores, para los empresarios que la padecen y para la sociedad en su conjunto, frente a la que no cabe ninguna permisividad”.